Asturias, España — Durante esta madrugada, activistas de Greenpeace han abordado el buque Windsor Adventure de 190 m de eslora, 15 metros de calado y cargado con 54.000 toneladas de carbón procedente de Colombia. Cuatro escaladores de la organización ecologista han subido a la embarcación mientras otros activistas han pintado en el casco del barco el mensaje “Abandonemos el carbón”. Los activistas pretenden con esta acción señalar que la principal causa del cambio climático es la quema de carbón, mientras mañana se vota en Bruselas el paquete de medidas para combatir el cambio climático.

Activistas de Greenpeace han realizado este abordaje al mercante Windsor Adventure en Gijón (Asturias) para pedir que no se queme más carbón y denunciar que España importa y subvenciona el combustible fósil que más contribuye al cambio climático. De esta manera, Greenpeace señala el carbón como responsable de la grave dependencia energética de España y de su enorme responsabilidad con el calentamiento global del que España es víctima y partícipe.

“España, como miembro de la Unión Europea, es el último en Kioto y el cuarto consumidor de carbón. Esta negra clasificación retrata la eficiencia de las políticas utilizadas” -ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace.

En España no es posible producir carbón a costes competitivos con el mercado mundial y por ello se importa alrededor del 60%. Esta cifra está muy por encima de la media del comercio internacional de carbón, que es un 15%. Así, el carbón contribuye a aumentar la dependencia energética española.

Las ayudas directas e indirectas que ha recibido y recibe el carbón son numerosas. El sector del carbón nacional sobrevive gracias a las subvenciones que están recogidas en el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012, junto con los incentivos a las centrales térmicas que produzcan energía eléctrica a partir de carbón autóctono, la concesión gratuita de derechos de emisión de CO2, la inversión en I+D, etc. Por último, pero no menos importante, hay que sumar los costes de la actividad que no son asumidos por esta industria sino por el Estado, las comunidades y las personas. De esta manera, y en un contexto de crisis económica, se está haciendo falsamente rentable un negocio que paga toda la sociedad.

Un informe de Greenpeace demuestra la inviabilidad económica, ambiental y social del uso del carbón en España

Los activistas de Greenpeace que esta madrugada abordaron el Windsor Adventure, cargado de carbón, están ya en libertad sin cargos

España — Greenpeace ha presentado hoy en Madrid y en Asturias (a bordo de su barco Arctic Sunrise, en el puerto de Gijón) el informe El carbón en España, un futuro negro. El informe demuestra la inviabilidad del uso del carbón desde el punto de vista económico, estratégico, ambiental y social.

“El carbón es el responsable del cambio climático, nos hace dependientes energéticamente, condena al desempleo y pone en riesgo la salud de los trabajadores y de los ciudadanos” -ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace. “Quemar carbón es quemar el futuro”.

Esta madrugada, escaladores de Greenpeace abordaron el buque Windsor adventure de 190 m de eslora y cargado con 54.000 toneladas de carbón procedentes de Colombia, al mismo tiempo que a bordo de pequeñas lanchas los activistas pintaron en el casco del barco el mensaje Abandonemos el carbón.

El informe sobre el carbón en España presentado por Greenpeace, basado en la investigación realizada por la consultora Ecofys S.L., demuestra que:

 El carbón es el responsable número uno del cambio climático respecto a la energía producida. Las 22 centrales térmicas de carbón de España proporcionan un 23% de la generación eléctrica, y un 64% de las emisiones de CO2 del sector.

 No contribuye a la autosuficiencia energética. España importa más del 60% del carbón que consume, frente al 15% de promedio internacional. El dinero destinado a subvencionar el carbón nacional en dos años equivale a lo que costaría financiar los proyectos eólicos necesarios para producir la misma electricidad que la que produce ese carbón.

 No es reserva estratégica. Los años de vida esperados de las reservas del tipo de carbón más utilizado (hulla y antracita) en España son sólo 24.

 El carbón está fuertemente subvencionado. La cifra de ayudas totales supera los 2.500 millones de euros, cantidad superior a la totalidad de las primas destinadas a las energías renovables.

 Es cada vez más caro y no mantiene la estabilidad de sus precios. El precio de la hulla coquizable se ha incrementado entre 2000 y 2007 un 160%, y un 110% el de hulla energética.

 La mejora en eficiencia de la generación eléctrica con carbón es pequeña y no es rentable. Se necesita una inversión muy grande para conseguir pequeñas mejoras. Un ejemplo es el caso de la central de Elcogás, Puertollano, que recibe la mayor prima y es una de las centrales que menos electricidad produce.

 Las centrales térmicas de carbón están obsoletas, con una media de edad de 30 años y una vida útil media restante de unos 10. Las más antiguas se inauguraron hace casi medio siglo.

 El coste del empleo del carbón es muy elevado. El apoyo público por empleado es unas 20 veces más en el sector del carbón que en las energías renovables.

 El carbón afecta muy negativamente a la salud de los trabajadores y de las personas. La neumoconiosis, sufrida por los mineros, no tiene tratamiento específico y eficaz, y el daño es irreversible. La pérdida de audición llega a afectar a un 40% de los trabajadores. Las centrales térmicas de carbón son también grandes emisoras de NOx, SO2 y otras partículas consideradas uno de los problemas de contaminación ambiental más severos y que causan graves problemas respiratorios, cardiovasculares, etc. a las poblaciones.

 Mantener la actividad minera no evitará el impacto social de su cierre. Cada trabajo “salvado” le cuesta al Estado 214.000 euros brutos al año que entrega a las comarcas y municipios mayoritariamente. Subvencionar actividades antieconómicas no facilita la verdadera reactivación de estas poblaciones. Es importante que los municipios reciban las ayudas que necesitan, pero éstas deberían estar bajo un programa que asegure un desarrollo sostenible.

 La minería es la actividad profesional con mayor riesgo laboral. Atendiendo a las horas trabajadas, el frecuencia de muertes es 5 veces superior a la total española y, en el caso de bajas, 3 veces superior. Consecuentemente, estas muertes, accidentes y enfermedades profesionales tienen unos costes para el Estado pero, sobre todo, tienen unos costes para las personas imposibles de valorar.

“Subvencionar el carbón es poner piedras en el camino para el desarrollo de las renovables, perpetuar un modelo energético dependiente y sin futuro, y financiar el cambio climático” -ha declarado Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España.

Greenpeace ha demostrado que se podría abastecer el 100% de la demanda de electricidad sólo con fuentes renovables para 2050, incluso se podría obtener la totalidad de la demanda energética. Los costes de inversión son perfectamente asumibles, y el precio de la electricidad en el futuro sería más barato que si siguiéramos usando energías peligrosas e inseguras como los combustibles fósiles y la energía nuclear. Ya hemos empezado: las energías renovables en España ya emplean a más de 188.000 personas.

Cuando hablamos de carbón también hablamos de vidas…

En ocasiones el ser humano necesita argumentar un hecho evidente con cifras, números y datos que evidencien, de forma científica, la necesidad o no de continuar desarrollando una determinada actividad. No obstante, en el caso del carbón, existen otros muchos argumentos que, independientemente de ser fácilmente justificables cuantitativamente, lo son cualitativamente.

Y así es, el carbón representa una de las fuentes de energía, no sólo menos rentables y eficientes energéticamente, sino también más peligrosas y caras si hablamos de personas, de vidas humanas. Valorar esto parece más sencillo si hablamos de los 12 millones de euros que anualmente se destinan al Plan Nacional de Seguridad Minera y como ayudas a las empresas en materia de seguridad e higiene en las minas. Existen, además, costes externalizados que no se contemplan en estos pomposos presupuestos, costes reales que pagan los trabajadores y los ciudadanos y que no están incluidos en ningún sitio. Y que no sólo se reducen a costes ambientales evidentes como son los impactos sobre el suelo, acidificación de aguas, erosión, ruido, polvo, impacto sobre la biodiversidad, etc.

Resulta sorprendente que entre las ayudas dirigidas al sector del carbón no exista ninguna ayuda directa en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, incluso en aquellos casos en que la enfermedad pueda provocar la incapacidad permanente del trabajador e incluso la muerte. ¿Qué le ocurre entonces a un minero que sufre un desgraciado accidente y no puede continuar trabajando? ¿quién se hace cargo de esos “costes externalizados?

Enfermedades lamentablemente denominadas “comunes” entre los mineros como son la neumoconiosis o la hipoacusia o pérdida de audición, no tienen cabida en esos 12 millones de euros, que cientos de personas se resignen a padecer problemas respiratorios durante el resto de su vida o que, según el propio Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo un 40% de los mineros sufran pérdida de audición en, son factores determinantes a la hora de valorar si una actividad como la extracción del carbón es rentable, porque no sólo hablamos de millones de euros, sino de calidad de vida.

Asímismo, el sector del carbón percibe ayudas en materia de seguridad minera pero a modo de inversión en “prevención”, es decir, dinero que se emplea en “evitar” accidentes, pero no es dinero que se pueda emplear una vez que ha ocurrido un accidente.

El proceso de extracción genera, además, grandes cantidades de metano, que no sólo es un gas de efecto invernadero que contribuye a aumentar los efectos del cambio climático, sino que es altamente explosivo y puede provocar asfixia en los mineros si no se utilizan sistemas de ventilación adecuados. Lamentablemente los presupuestos dedicados a la prevención de accidentes en las minas no son suficientes y continúan produciéndose accidentes, el propio Ministerio de Trabajo publicaba un dato significativo en 2008: en Asturias se producen una media de cinco accidentes laborales al día. En 1997 la frecuencia de muertes en la industria extractiva fue 7,5 veces superior a la media española en todos los sectores, aunque la tendencia es a la baja, en el 2006 la frecuencia continuaba siendo 6,6 superior.

Al final, estos datos se transforman en hechos reales, en responsabilidades reales y costes que asume, no sólo el trabajador al hipotecar su calidad de vida, sino también el resto de ciudadanos que los asumimos en forma de pensiones de incapacidad, viudedad, orfandad, etc. Y como decíamos al principio, muchas veces sólo se entienden los argumentos en forma de cifras, pues bien, las cifras son alarmantes, en el 2006 la industria minera la costó al Estado entre 62 y 70 millones de euros. Y para los que queremos saber, además de entender, esto se traduce en 70.083 personas afectadas que, si hubieran trabajado en otro sector diferente del carbón, se habrían reducido entre 9.000 y 16.500.

Así es, 70.083 personas son 70.083 razones de peso para abandonar el carbón…

Patricia Bermejo, campaña de Cambio climático de Greenpeace