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enviar por emailLos islandeses rechazan de nuevo pagar la crisis bancaria
Almunia advierte que peligra la posibilidad de ingresar en la UE | El 60% de los votantes se pronuncia contra los pagos que reclaman Holanda y Reino Unido
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LA VANGUARDIA. Glòria Moreno / Copenhague. Servicio especial El volcánico pueblo islandés volvió a dejar claro este fin de semana que no piensa dar su brazo a torcer y menos aún cuando se trata de pagar con el dinero de todos los errores cometidos por la avaricia de unos pocos. Esta es la conclusión que se desprende del resultado del referéndum de este sábado, en el que, contra todo pronóstico, un 60% de los votantes rechazó devolver la deuda que el Landsbanki, el segundo banco de la isla, contrajo a través de su división on line Icesave con más de 300.000 ahorradores británicos y holandeses tras su quiebra en octubre de 2008.
El resultado superó con creces los pronósticos de las encuestas realizadas antes de la consulta, en las que el margen de diferencia entre el sí y el no era muy reducido. Hace tan sólo una semana, de hecho, los sondeos incluso daban la victoria a los partidarios de pagar la deuda. Sea como sea, la incertidumbre que invadía a una parte del electorado acabó disipándose y los islandeses demostraron una vez más que no se rendirán ante los caprichos del sistema. “Los contribuyentes no tienen ninguna obligación de pagar las pérdidas de un banco privado”, argumentaban estos días los partidarios del no, cuyo poder de convicción ha acabado ganando terreno en una sociedad más que acostumbrada a este tipo de revueltas. Lo cierto que es que los ciudadanos de la isla, que a duras penas supera los 330.000 habitantes, ya demostraron su espíritu reaccionario cuando en enero de 2009 forzaron la dimisión del entonces primer ministro, el conservador Geir Haarde,abase de caceroladas. Más tarde, el propio Haarde sería llevado ante los tribunales por su responsabilidad ante la crisis económica, convirtiéndose en el primer país en tomar una iniciativa de este tipo desde que empezó la debacle financiera.
Sin embargo, la bravura exhibida por el pueblo no elimina los nuevos interrogantes que se ciernen ahora sobre la isla, cuya decisión de no pagar la deuda hará que le sea todavía más difícil recuperar la confianza perdida entre los inversores internacionales. Asimismo, el nuevo escenario deja en entredicho las aspiraciones del país nórdico de ingresar en la Unión Europea, aspecto que ya había sido puesto sobre la mesa por los analistas pero que el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, se encargó ayer de confirmar al afirmar sin tapujos que Islandia podría no tener ya “ninguna expectativa” de avanzar en las negociaciones, actualmente en curso, para formar parte de la UE. La decisión del pueblo también disgustó a suprimera ministra, Johanna Sigurdardottir, cuyo Gobierno llevaba más de dos años negociando con los de LondresyLaHaya para encontrar una solución compartida a la disputa. Más allá de mostrarse “decepcionada” con el resultado, Sigurdardottir culpó a los ciudadanos de haber elegido “la peor opción”, palabras que más tarde fueron suavizadas por una declaración oficial del Ejecutivo, en la que este aseguró que hará “todo lo que esté en su poder para asegurar que el resultado del referéndum no tendrá un mayor impacto ni en el programa económico de Islandia ni en el plan de consolidación fiscal que se ha estado persiguiendo con un alto grado de éxito”.
Aunque no lo mencionó en su comunicado, el Gobierno de centro-izquierda sabe muy bien que el rechazo del pueblo a su propuesta pone en duda su propio liderazgo y amenaza con volver a sembrar la inestabilidad política en el país, que hace sólo dos años ya tuvo que celebrar elecciones anticipadas.
Reino Unido y Holanda reclamarán en los tribunales
Tras el rechazo por parte del pueblo islandés de las negociaciones con las que Reino Unido y Holanda, por una parte, y el Gobierno de Islandia, por la otra, pretendían llegar a un acuerdo sobre el caso Icesave, Londres y La Haya no dudarán ahora en llevar al país nórdico ante la justicia para conseguir que éste les devuelva la deuda que uno de sus bancos, el Landsbanki, contrajo tras su quiebra con miles de ahorradores británicos y holandeses. El ministro de Finanzas holandés, Jan Kees de Jager, se dijo “decepcionado” con el resultado del referéndum. “Esto no es bueno ni para Islandia ni para Holanda”, aseguró, recordando que “el tiempo para las negociaciones ha terminado”. Por su parte, el secretario jefe del Tesoro británico, Danny Alexander, dio por sentado que “el proceso acabará ahora en los tribunales". Antes de la crisis, numerosos ahorradores británicos y holandeses decidieron depositar su capital en el Icesave, la división en internet del Landsbanki, atraídos por los altos intereses que ofrecía. Sin embargo, cuando la entidad entró en bancarrota a finales del 2008, sus gobiernos tuvieron que adelantarles el dinero perdido, que ahora exigen que Islandia les devuelva.
Reino Unido llevará a Islandia a los tribunales para recuperar fondos
El proceso se inicia tras la quiebra del país nórdico y del banco islandés Icesave
LA VANGUARDIA. Londres (EFE).- El Gobierno del Reino Unido indicó hoy que continuará en los tribunales el proceso para recuperar el dinero que adelantó a los ahorradores británicos del banco islandés Icesave tras la quiebra de éste en octubre del 2008.
El secretario jefe del Tesoro, Danny Alexander, expresó su «decepción» por el resultado del referendo celebrado el sábado en Islandia, en el que una mayoría de islandeses rechazó una ley que hubiera permitido cobrar ese dinero, y señaló que «parece que el proceso acabará ahora en los tribunales».
«Hay un proceso legal en marcha y seguiremos con él para intentar asegurar que se nos devuelve el dinero que el Gobierno británico ha pagado en los últimos años», declaró en un programa del canal de televisión BBC1.
Alexander precisó que se plantea presentar la demanda ante un tribunal del Área Económica Europea (AEE).
El político liberaldemócrata dijo que al Reino Unido «se le debe una cantidad muy sustanciosa de dinero, varios miles de millones de libras», que se adelantaron a los depositarios británicos del banco Icesave y de otras entidades islandesas que quebraron con la crisis. «Teníamos una obligación para con la gente de este país que ahorró con esos bancos y ahora tenemos la obligación de recuperar ese dinero, y continuaremos insistiendo hasta que lo consigamos», afirmó.
Los islandeses han rechazado en un referendo una ley para indemnizar a 300.000 ahorradores británicos y holandeses, clientes del banco Icesave, según se ha sabido hoy tras un recuento inicial de los votos.
Ésta es la segunda vez que los ciudadanos de Islandia rechazan en una consulta popular efectuar esos pagos, que ascienden a unos 3.474 millones de euros.
La incertidumbre sobre la cantidad total a pagar por Islandia, con una población de apenas 320.000 habitantes, debido sobre todo a la inestabilidad de la corona islandesa, fue uno de los principales argumentos destacados por los opositores a la ley y que pudo haber impulsado el voto negativo.
Dado que, tras dos referendos en contra, no se ha podido resolver la disputa entre los países de forma negociada, el conflicto sobre las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros del Icesave se dirimirá ahora seguramente en los tribunales europeos.
Islandia rechaza en referéndum pagar por los errores de sus bancos
El ’no’ vence en la consulta celebrada ayer para aprobar la indemnización de 4.000 millones de euros que exigen Reino Unido y Holanda por la quiebra de una entidad
EL PAÍS. CLAUDI PÉREZ - Madrid - 10/04/2011 ¿Qué haría usted si uno de los grandes bancos españoles hubiera quebrado en Reino Unido y el Gobierno británico exigiera a España un pago de 50.000 euros por familia para saldar esa deuda? Islandia, que ya se había negado en una ocasión a pagar esa factura, se enfrentó ayer a un segundo referéndum sobre si aprueba -o no- devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. Y han vuelto a decir no: según los resultados aún parciales, con el 70% de las papeletas escrutadas, el 57,7% de los votantes han rechazado hacerlo, frente al 42,3% que lo han aprobado.
El resultado puede interpretarse como un triunfo de la denominada revolución de las cacerolas: sí habría empañado el ejemplo islandés, al que se agarra cada vez más gente en la periferia de Europa, por la irritación que provoca el empeño de Bruselas y el BCE en defender a los bancos aun a costa de una oleada de austeridad y recortes draconianos.
«Es una decisión difícil. Probablemente lo mejor sea votar no, pero eso va a acarrear enormes problemas a corto y medio plazo». Interrogado por el referéndum, el economista Magnus Skulasson no tenía aún nada claro, a media tarde de ayer, el sentido de su voto. Las encuestas tampoco dan un ganador con seguridad: el sí -es decir, pagar por los desmanes de la banca- parecía claro ganador hace dos meses, pero los sondeos se han dado la vuelta en los últimos días.
El referéndum fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, que se negó a firmar una ley del Parlamento que estipulaba las condiciones del acuerdo: un pago con intereses del 3% a 37 años. Grímsson es reincidente: en diciembre de 2009 ya forzó una consulta similar, cuando contra todo pronóstico se negó a firmar una ley que obligaba a pagar con intereses del 5,5% en 15 años. El no ganó entonces de forma arrolladora. «Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir. Islandia es una democracia, no un sistema financiero», declaró Grímsson a este diario hace unos días.
La disputa viene de lejos. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.
El Gobierno, en cambio, defendía el sí en el referéndum aduciendo que los activos del banco quebrado, cuando se liquiden, permitirán pagar la mayoría de la deuda. Los partidarios del no argumentaban que la gente no debería pagar por las locuras de sus bancos, y aducen que la legislación internacional -llena de sombras- no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía.
Frágil recuperación
Islandia sigue sumida en una profunda crisis, tras los acontecimientos que acabaron en la quiebra del sistema bancario y que obligaron al país a acudir al FMI. Entonces la Bolsa se desplomó, la corona islandesa perdió el 80% de su valor y la caída del PIB ha sido del 15%. El paro ha pasado del 1% al 8%, hay controles de capital -corralito-, ha habido fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto público. La incipiente recuperación es aún muy frágil. Y esa fragilidad puede aumentar en caso de que el no salga vencedor: el Ejecutivo avisó a la población de que el rechazo llevaría el caso a los tribunales, donde la factura puede llegar a ser mucho mayor. Además, si los activos del banco quebrado son menores de lo esperado y la corona vuelve a caer, las cifras se dispararían.
La consulta tendrá también efectos colaterales en el ámbito político. La negativa deja en una difícil posición al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, y complicaría el acceso de Islandia a la UE y los créditos con el FMI y otros países nórdicos. Los islandeses saben todo eso, y aun así ha ganado el no. «Tenemos la opción de acabar con este desafortunado asunto con dignidad, o embarcarnos de nueva en un periodo de incertidumbre», avisó ayer el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson. «De acuerdo: pero la crisis ya está siendo lo suficientemente dura. No quiero pagar más», terció el director de cine Arni Sveinsson.
Decepción británica
La reacción de Reino Unido no se ha hecho esperar. El secretario jefe del Tesoro británico, Danny Alexander, ha expresado hoy su decepción ante la negativa de los islandeses a pagar por el colapso de los bancos:«Está claro que el rechazo declarado por el pueblo islandés a lo que era un acuerdo negociado ha sido obviamente decepcionante», declaró Alexander. «Por supuesto que respetamos su decisión, pero ahora vamos a hablar con nuestros socios internacionales, y parece que este proceso terminará en los tribunales», añadió.
Reino Unido y Holanda amenazan con demandar a Islandia ante los tribunales
Estos dos países le exigen una indemnización de 4.000 millones de euros por la quiebra de una entidad.- Los islandeses han rechazado el plan de pago en el referéndum celebrado el sábado
EL PAÍS. WALTER OPPENHEIMER | Londres 11/04/2011 http://www.elpais.com/articulo/economia/Reino/Unido/Holanda/amenazan/demandar/Islandia/tribunales/elpepueco/20110410elpepueco_1/Tes
Lo que los Gobiernos pactan, los votantes lo pueden hacer trizas. Así han decidido actuar los islandeses, que el sábado rechazaron por segunda vez en un referéndum el acuerdo al que había llegado su Gobierno con los de Reino Unido y Holanda para resolver el contencioso que le enfrenta con ellos por la deuda generada en 2008 por la quiebra del banco Icesave. Con el 90% del voto escrutado, casi el 60% de los votantes se pronunciaron contra ese acuerdo, por el que Islandia ha de devolver a esos dos países los 4.000 millones de euros que les costó garantizar a sus ciudadanos los depósitos que tenían en ese banco islandés, filial en Reino Unido y Holanda del nacionalizado Landbanski.
El conflicto se debe a que Islandia decidió avalar todos los depósitos bancarios que había en la isla cuando se desplomó su sistema financiero en la crisis de otoño de 2008. Pero Reikiavik se desentendió de las cantidades depositadas en los bancos islandeses que actuaban en el exterior, como Icesave, que en apenas unos meses captó miles de ahorradores en Holanda y Reino Unido ofreciendo tipos de interés de entre el 5% y el 6%. Cuando la banca islandesa se desplomó, Londres y La Haya garantizaron los depósitos de bancos islandeses en su territorio, pero luego exigieron que el Gobierno islandés les pagara ese dinero.
La obligación legal de Islandia en este caso es discutible. Reikiavik no la admite, pero británicos y holandeses sostienen que Islandia incumple la normativa del Espacio Económico Europeo en dos aspectos: porque esta le obliga a garantizar al menos los 20.000 primeros euros de cada depositante y porque está discriminando a los acreedores no islandeses.
Pero, sea cual sea el trasfondo legal, el Gobierno islandés cree que es políticamente necesario llegar a un acuerdo sobre el asunto para garantizar que el país pueda volver a financiarse en los mercados internacionales. El año pasado se llegó a un acuerdo por el que Islandia pagaría a Holanda y Reino Unido 4.000 millones de euros entre 2016 y 2024 a un interés del 5,5%.
Tras ser rechazado con más del 90% de los votos en contra en un referéndum, el acuerdo fue renegociado y hace unos días se recortó el interés a pagar por Islandia al 3,3% y se amplió el plazo de devolución hasta 2046. Pero los islandeses han vuelto a decir que no, a pesar de que el Gobierno islandés recobrará la mayor parte de ese dinero por la venta de activos bancarios nacionalizados y solo una pequeña parte de la deuda acabará siendo asumida directamente por los contribuyentes.
Los votantes «han elegido la peor de las opciones», declaró la primera ministra, Jóhanna Sigurdardóttit, cuyo Gobierno de centro-izquierda podría verse obligado a dimitir. «Es, desde luego, muy decepcionante», añadió. En términos muy similares se pronunció el ministro holandés de Finanzas, Jan-Kees de Pager, con el añadido de que empezó a enseñar el hacha: «El tiempo de negociar ya es cosa del pasado. Islandia está obligada a devolvernos el dinero. Ahora son los tribunales los que han de decidir», declaró.
Lo mismo dijo el número dos del Tesoro británico, Danny Alexander. «Hemos intentado llegar a una solución negociada. Tenemos la obligación de conseguir que nos devuelvan ese dinero y vamos a seguir persiguiendo ese objetivo hasta que lo consigamos», declaró. El voto negativo no solo ha contrariado a los políticos de los tres países. También amenaza con ser muy mal recibido por analistas e inversores. La agencia de calificación Moody’s ya había anunciado días atrás su intención de rebajar la calificación de la deuda islandesa si el acuerdo era rechazado por los votantes. Y numerosos analistas han expresado ya su preocupación por las consecuencias que puede tener para Islandia. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno había basado toda su agenda económica en la normalización de relaciones con la comunidad internacional. Pero si el caso llega finalmente a los tribunales, la decisión final puede demorarse varios años.
Frente al rechazo de los Gobiernos, el presidente de Islandia, Oláfur Ragnar Grímsson, considera que los dos referendos que él ha convocado «han devuelto al país la confianza perdida tras el hundimiento de la economía islandesa» en 2008. Los resultados, en su opinión, «refuerzan aun más la democracia».
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Ni Verdes, ni Liberales, ni Conservadores, ni Socialdemócratas han podido con el pueblo: Islandia dice otra vez NO al suicidio financiero al que le conminaba la Unión Europea
10/04/11
http://angelsmcastells.nireblog.com…
Ayer, 9 de abril de 2011, el pueblo islandés ha vuelto a decir «No» en un referédum de la mayor importancia, no sólo para los destinos de la economía y aun de la nación septentrional, sino para el futuro de la democracia y de la economía del continente europeo. El pueblo islandés tenía que votar sobre el frívolo y poco meditado acuerdo al que el gobierno verde y socialdemócrata había llegado con la UE para hacerse cargo de las enormes deudas contraídas con clientes privados británicos y holandeses por el banco privado Icesave. Asombra el espectáculo, común a toda Europa, de unos Parlamentos más y más divorciados de la opinión pública y el creciente descrédito de lo que ha dado en llamarse la «clase política». En este artículo, escrito con su lucidez y perspicacia habituales dos días antes de que se celebrara el referéndum, Michael Hudson analiza lo que anda en juego en la economía y en la política europeas de nuestros días.
«Un combate epocal se desarrolla este fin de semana en Islandia. El sábado, 9 de abril, los islandeses votan en referéndum si someten o no a su econonomía a décadas de miseria, bancarrota y emigración forzosa de su fuerza laboral. Al menos, ese es el programa defendido por la actual coalición gobernante de Verdes y Socialdemócratas, que urgen a votar Sí al rescate del banco Icesave. Su política de rendición financiera se traga el cabildeo del Banco Central Europeo a favor de una desregulación neoliberal que llevó a la burbuja inmobiliaria y al endeudamiento apalancado, presentándola como si de una historia de éxitos se tratara, y no, como es el caso, de un proceso que ha terminado por llevar a Islandia a la servidumbre por deuda. La verdad es que se trató de un gigantesco fraude bancario, de una orgía de ventajistas que jugaban con información inerna privilegiada: los ejecutivos bancarios se prestaban el dinero a sí mismos, dejando una cáscara vacía: así, decían, funcionan los»mercados libres". Se recomendaba el endeudamiento como vía para hacerse rico. El precio que pagó Islandia fue un desplome del 70% del valor de sus viviendas (en un país en el que [como en España] los deudores hipotecarios son personalmente responsables de su deuda, cualquiera que llegue a ser el valor de la vivienda), un PIB en caída libre, un creciente desempleo, quiebras y desahucios.
Para poner el voto del sábado 9 en perspectiva, vale la pena ver qué cosas parecidas han ido pasando en el último año en toda Europa. Para no iniciados, durante ese año se ha popularizado un nuevo acrónimo, PIIGS, para referirse a Portugal, Irlanda, Italia y España.
Grecia
La erupción comenzó en Grecia. Una de las herencias del régimen de los coroneles fue la evasión fiscal de los ricos. Eso llevó a déficits presupuestarios, y los bancos de Wall Street ayudaron al gobierno [conservador griego] a esconder su deuda pública en una contabilidad basura de «libre empresa». Luego, los acreedores alemanes y franceses hicieron una fortuna elevando las tasas de interés que Grecia tenía que pagar por su acrecido riesgo crediticio.
Se le dijo a Grecia que tenía que levantar los ingresos fiscales con impuestos a los trabajadores y haciendo pagar más por los servicios públicos. Eso aumenta el coste de la vida y el coste de hacer negocios, quitando competitividad a la economía. La respuesta de manual neoliberal es ésta: hay que convertir a la economía toda en una enorme colección de puestos de peaje. La idea es atacar el empleo público rebajando los salarios de los funcionarios, a fin de presionar a la baja los salarios del sector privado, al tiempo que se recortan servicios sociales básicos y se eleva el coste de la vida introduciendo cargos de peaje en las autovías y en otras infraestructuras básicas.
Los Tigres Bálticos fueron pioneros en eso, y deberían ser una advertencia para el resto de Europa. Letonia batió todas las marcas en 2008-09 cuando, plegándose a los dictados del Comisario europeo de economía y moneda, Joaquín Almunia, destruyó un 25% de su PIB y recortó los salarios públcos en un 30%. Letonia no recuperará los niveles precrisis de PIB que tenía en 2007 hasta por lo menos 2016: toda una década perdida, despilfarrada en una penitencia financiera resultante de haber creído en las fantasías neoliberales de que su burbuja inmobiliaria era una proceso prometedor de rebosante éxitos.
En otoño de 2009, el primer ministro socialista George Papandreu prometió en una cumbre de la UE que Grecia no quebraría por causa de un volumen de deuda de 298 mil millones de euros, pero advirtió: «Nosotros no hemos llegado al poder para desmantelar el Estado social. No serán los trabajadores asalariados quienes paguen por esta situación: ni congelaremos salarios ni, mucho menos, los recortaremos». Sin embargo, para eso es para lo que ahora mismo parecen servir los partidos socialistas y socialdemócratas: para apretar las tuercas hasta extremos a los que jamás podrían avilantarse los partidos conservadores. La deflación salarial ha de ir de la mano de la deflación de deuda y de los aumentos de impuestos, a fin de encoger las economías.
El programa de la UE y del FMI inspira la versión actual de los desórdenes inducidos por el FMI en América Latina en los 70 y 80 del siglo pasado. Almunia, el verdugo de la economía letona, exigió unas «reformas» que pasaban por recortes en la asistencia sanitaria, en las pensiones y en el empleo público, «reformas» acompañadas de una proliferación de impuestos, gravámenes y peajes de carretera y en otras infraestructuras básicas.
La palabra «reforma» se ha convertido en un eufemismo para hablar de la jibarización del sector público y de la privatización de activos públicos, liquidados a precio de ganga en beneficio de los acreedores. Esa política inspiró en Grecia una rebelión de desobediencia civil –«yo no pago»— que terminó por convertirse en «un movimiento antiausteridad de alcance nacional. Los partidarios de ese movimiento se niegan a pagar los peajes de las autopistas; en Atenas, se suben sin billete al metro y a los autobuses para protestar contra un ’injusto’ aumento del 40% en los viajes». (Kerin Hope, «Greeks adopt ’won’t pay’ attitude,» Financial Times, 10 marzo 2011.) Ni que decir tiene, los policías simpatizan lo bastante con el movimiento, como para abstenerse de poner multas.
Un artículo aparecido en [el rotatiivo parisino] Le Monde acusó al plan de la UE y el FMI de «cabalgar por encima de las más elementales reglas de la democracia. De ponerse por obra ese plan, resultaría en un colpaso de la economía y de los ingresos de la gente sin precedentes en Europa desde los años 30. Salta igualmente a la vista la colusión entre los mercados, los bancos centrales y los gobiernos para hacer pagar a los pueblos la factura del capricho arbitrario del sistema».
Irlanda
Irlanda es la economía más golpeada de la Eurozona. El partido inveteradamente gobernante, el liberal Fianna Fail [en coalición con Los Verdes] aceptó en su día incorporar las pérdidas bancarias a la contabilidad pública, imponiendo lo que tiene el aspecto de convertirse en décadas de austeridad (y en la mayor emigración forzosa desde la Hambruna de la Patata, a mediados del siglo XIX). Los votantes respondieron echando del gobierno al partido liberal –que perdió dos tercios de sus escaños en el Parlamento— y haciendo desaparecer del panorama político al Partido Verde, mientras el principal partido opositor, el democristiano Fine Gael, prometía a finales del pasado noviembre renegociar un préstamo de rescate de la UE y el FMI por un montante de 115 mil millones de dólares y el correspondiente programa de austeridad.
Un editorial del Financial Times se refirió al paquete de rescate –un eufemismo para la destrucción financiera— como la degradación de una nación a la condición de «esclavitud escriturada». Los euroburócratas «pretenden que el contribuyente irlandés eche más dinero en los agujeros abiertos por los bancos privados. Como parte del rescate, Dublín tendrá que ir consumiendo un fondo de pensiones creado en los días en que Berlín y París estaban violando las reglas de Mastricht (…) mientras se sacraliza a los tenedores de bonos y las apresuradas liquidaciones de activos aumentan el riesgo de que pérdidas aún mayores sean cargadas sobre las espaldas del contribuyente». Lo único que auguran las promesas de la UE de renegociar el acuerdo son concesiones engañosas que no lograrán rescatar a los trabajadores y a la industria irlandeses de tener que pagar la factura de los préstamos temerariamente concedidos por la banca privada nacional. Las opciones de Irlanda, así pues, se reducen o a rechazar o a aceptar las exigencias de la Comisión Europea de «salvar la integridad de los banqueros» a expensas del trabajo y de la industria. La cosa recuerda la célebre sentencia de William Nassau Senior –el que sucedió a Malthus en la cátedra del East India College— cuando, informado de que en la Hambruna de la Patata habían muerto en Irlanda un millón de personas, repuso impertérrito: «No son suficientes». Ya se ve que la teoría económica basura de los neoliberales goza de un largo pedigrí.
Se ha alterado radicalmente la idea de la soberanía nacional, y aun el supuesto básico subyacente a toda la teoría política: la premisa de que los gobiernos actúan conforme al interés nacional. Se calcula que los intereses servidos por el gobierno irlandés –por un monto de 10 mil millones de euros— absorverán el 80% de los ingresos fiscales recaudados por el gobierno en 2010. Eso está más allá de la capacidad de supervivencia de cualquier Estado o de cualquier economía. Significa que todo el crecimiento va a ir a parar, como tributo, a la UE por haber rescatado a temerarios banqueros alemanes, y de otros países, que ni siquiera se percataron del hecho aparantemente palmario de que las deudas que no se pueden pagar, nunca se pagan. El problema es que, mientras van percatándose de eso, las economíaas serán destruidas, los activos, aventados, el capital, esquilmado, y el trabajo, obligado a emigrar. Letonia es el emblema de todo eso, con un tercio de su población entre 20 y 40 años que ya ha emigrado o planea hacerlo en los próximos años.
La argentinización de Europa
La pesadilla de la UE es que los votantes puedan despertar como terminaron despertando los argentinos cuando se les anunció oficialmente que los consejos neoliberales que les habían venido dando los asesores estadounidenses y del FMI habían destruido la economíaa argentina. El pago de la deuda era imposible. Y llegados a ese punto, no tuvo Argentina demasuiadas dificultades para depreciar en un 70% el valor de la deuda contraida con acreedores extranjeros. Su economía está ahora en auge, precisamente porque, emancipada de sus cuervos financieros, vuelve a ser digna de crédito.
Algo muy parecido ocurrió en América Latina y otros países del Tercer Mundo luego de que México anunciara que no podría pagar su deuda exterior en 1982. Se produjo una oleada de quiebras, lo que generó negociaciones para la depreciación de la deuda, culminando con los bonos Brady. Los EEUU y otros acreedores calcularon con realismo lo que los deudores estaban en condiciones de pagar. Y substituyeron los viejos créditos bancarios, irresponsablemente concedidos, por nuevos bonos. Los EEUU y otros miembros del FMI consideraron todo un éxito esas depreciaciones.
Pero a Irlanda, Grecia e Islandia se les cuentan ahora historias terroríficas sobre lo que podría ocurrir, si sus gobiernos se negaran a cometer suicidio financiero. Se teme, claro, la rebelión de los deudores, lo que llevaría a la Eurozona a desmembrarse por la resistencia a que las economías financiarizadas entreguen durante años y años todo su excedente a los acreedores, sometiéndose a las exigencias bancarias de sacrificar toda una generación a la austeridad, el encogimiento y la emigración.
El referedum islandés y la pesadilla de la Comisión europea: la rebelión de los deudores
Y ese es el asunto que se dirime este sábado [9 de abril de 2011] en el referéndum islandés. Es la cuestión a la que se enfrenta el conjunto de los votantes europeos: ¿tienen las economías de nuestros días que sujetarse a los bancos y rescatarlos con recursos públicos de préstamos temerariamente concedidos? ¿O hay que purgar al sistema financiero para que, al revés, sirva a la economía y contribuya a elevar los niveles de vida, en vez de imponer austeridad?
Parece una ironía que los partidos socialistas (España, Grecia), el Partido Laborista británico y varios partidos socialdemócratas se hayan desplazado hacia el extremo probanquero derechista del espectro político, comprometiéndose a imponer una austeridad hostil al mundo del trabajo, no sólo en Europa, sino también en Nueva Zelanda (el emblema de las privatizaciones thatcheritas en los 90) y aun Australia. La política de reducción de los servicios sociales públicos y de apostar por las privatizaciones es diametralmente opuesta a sus posiciones de hace un siglo. ¿Cómo llegaron a divorciarse a tal punto de los trabajadores, sus originarios votantes? Diríase que su función actual es la de imponer cualesquiera políticas derechistas que los partidos conservadores no se avilantan a desarrollar: un poco como Obama, neutralizador de posibles alternativas del Partido Demócrata al cabiledeo Republicano a favor de políticas económicas à la Rubin [el célebre alto ejecutivo del banco privado Goldman Sachs que, como secreterio del Tesoro norteamericano, determinó toda la política económica de los gobiernos de Bill Clinton; T.].
¿Incauta credulidad? Puede que ése haya sido el caso en Rusia, cuyos dirigentes parecían tener poca idea de cómo defenderse de los destructivos consejos de los chicos de Harvard y de Jeffery Sachs. Pero hay algo menos incauto y más intencional en la política del Partido Laborista británico de pasar a Thatcher por la derecha en punto a privatización de ferrocarriles y otras infraestructuras económicas clave a través de su «Sociedad Público-Privado». Es la actitud que llevó a Gordon Brown a esgrimir la amenaza de bloquear la entrada de Islandia en la UE, si los votantes islandeses se oponían a rescatar lo que no era sino el fracaso de la neoliberal agencia británica aseguradora de bancos a la hora de prevenir que los báncsters saquearan Icesave. El pasado fin de semana, medio millón de ciudadanos británicos marcharon por las calles de Londres protestando contra los anunciados recortes de servicios sociales, educación y transporte, así como contra los aumentos de impuestos destinados a pagar los rescates de Gordon Brown de bancos privados como el Northern Rock y el Royal Bank of Scottland. La carga la soportarán los trabajadores y la industria, no la clase financiera británica. El Daily Express, un diario de tirada nacional siempre dispuesto a lanzar campañas, está ahora desarrollando una ruidosa campaña para que el Reino Unido abandone la UE aduciendo sobre poco más o menos las mismas razones por las que hasta ahora se ha abstenido el país de entrar en la Eurozona monetaria.
¿Qué podrían razonablemente esperar Islandia y otros países deudores de pagar su deuda, especialmente en los tiempos que corren? El acuerdo propuesto daría a Gran Bretaña y a Holanda más de lo que les darían las directrices de la UE. Islandia tiene robustos argumentos jurídicos para plantarse. Las advertencias de los socialdemócratas y los verdes islandeses sobre la UE son tan exageradas, que le llevan a uno a maliciar si los diputados del Althing [el parlamento islandés] no estarán simplemente buscando evitar una investigación sobre lo que realmente ocurrió con los depósitos del Landbanki Icesave. La Oficina de Fraude británica se ha puesto últimamente más seria en la investigación de lo que ocurrió con el dinero, y ha empezado a detener a exdirectores. Vivimos tiempos realmente extraños, con un gobierno islandés [¡socialdemócrata y verde!] resignado a cargar la mala deuda de bancos privados en la contabilidad pública islandesa.
El problema es que, cuanto más encoja la economía de Islandia, tanto más imposible le resultará pagar la deuda externa. El gobierno islandés mendiga con desesperación la entrada en la UE, sin preguntarse siquiera qué coste tiene eso. El coste: se desplomaría la tasa de cambio de la corona islandesa, encogería la economíaa islandesa y los trabajadores jóvenes islandeses se verían forzados a emigrar en busca de puestos de trabajo y para evitar las quiebras y los desahucios resultantes de la sujeción a políticas de austeridad. Nadie conoce realmente la profundidad del agujero. El gobierno islandés ni siquiera ha intentado realizar un análsis serio de riesgos. Lo que está claro es que la UE y el FMI han sido irresponsablemente optimistas. Cada informe estadístico nuevo resulta «sorprendente» e «inesperado». Sobre la base de las hipótesis de trabajo del FMI acerca de la evolución de la tasa de cambio de la corona islandesa hasta finales de 2009, por ejemplo, el personal del FMI hizo proyecciones, según las cuales la deuda exterior bruta sería del 160% del PIB. Para decirlo todo, añadieron que una ulterior depreciación de la tasa de cambio del 30% podría llegar a causar un aumento importante de aquella proporción de la deuda. Y eso es lo que ha ocurrido. En noviembre de 2008, el FMI avisó de que la deuda externa que había proyectado para fines de 2009 podría llegar a alcazar el 249% del PIB, un nivel que consideraba «claramente insostenible». Pero el actual nivel de la deuda ha sido estimado ya en el 260% del PIB islandés, y eso aun sin incluir, entre otras, la deuda de Icesave que el gobierno quiere asumir.
Los acreedores nada pierden impartiendo los consejos de la teoría económica basura. Se han mostrado muy dispuestos a alentar a las economías a destruirse a sí propias en el proceso de tratar de pagar: algo así como aplaudir a los trabajadores de las plantas nucleares por ir a apagar un incendio en medio de radiaciones. En el caso de Irlanda, la UE conminó a su gobierno [verdi-liberal] a responsabilizarse de préstamos bancarios privados que, al final, resultaron valer sólo un 30% (sí, un 30%: no es un erratum mecanográfico) del precio de mercado estimado. Dijo que eso podía hacerse «fácilmente». El gobierno verdi-liberal aceptó. Consecuencia: la práctica desaparición del Partido Verde irlandés y, lo que es mucho más importante, la condena de la economía irlandesa a por lo menos dos décadas de miseria, emigración y bancarrota.
Lo que empeora el problema es que la deuda contraída en moneda extranjera no se paga a partir del PIB (cuyas transacciones se realizan en moneda nacional), sino a partir de los beneficios de la exportación más las ganancias resultantes de la liquidación de activos públicos comprados por inversores extranjeros. Para Islandia, la cuestión sería qué volumen de productos y servicios –y de recursos naturales y empresas— nacionales comprarían británicos y holandeses.
Se supone que es responsabilidad de los acreedores colaborar con los deudores y negociar los pagos en exportaciones. En vez de eso, los actuales acreedores se limitan a exigir a los gobiernos que vendan a precios de liquidación tierras, recursos minerales, infraestructuras básicas y monopolios naturales para pagar a los acreedores extranjeros. Esos activos resultan confiscados en lo que, en efecto, es un procedimiento pre-bancarrota. Los nuevos compradores, entonces, convierten la economía toda en una red de puestos de peaje, elevando las cargas de acceso al transporte, al servicio telefónico y a otros servicios privatizados.
Uno estaría tentado a pensar que la respuesta normal de un gobierno en estos casos de negociación de la deuda externa sería nombrar una comisión de expertos que evaluara la posición de la economía, a fin de ponderar la capacidad de pago de las deudas contraídas en el extranjero y de formular los términos de un acuerdo conforme a la propia capacidad de pago. Pero no ha habido tal cosa. El Althing [parlamento islandés] se ha limitado simplemente a aceptar las exigencias del Reino Unido y de Holanda sin la menor negociación. Ni siquiera ha levantado protesta por el hecho de que británicos y holandeses sigan adelantando las manijas del reloj de los intereses en las cargas que están exigiendo.
Votando NO en el referéndum del 9 de abril, lo que la población islandesa va a decir a los negociadores financieros de Europa es: «¡Buena jugada! Pero no estamos dispuestos a secundarla. Vuestro juego de acreedores se acabó. De ninguna nación puede esperarse que cometa suicidio financiero al estilo irlandés, plegándose a la depresión económica y obligando a una buena parte de su población trabajadora a emigrar, simplemente para compensar a depositantes de bancos por los crímenes o las negligencias de sus banqueros». El incalificable papel jugado por las agencias de calificación del riesgo Las agencias de calificación crediticia han tratado de apoyar los esfuerzos del Althing por amedrentar a la población islandesa para que vote «Sí». El pasado 23 de febrero, Moody’s amenazaba: «si se rechaza el acuerdo, lo más probable es que rebajemos la calificación de Islandia hasta Ba1, o menos». Si los votantes aprobaran el acuerdo, en cambio, «lo más probable es que cambiáramos la actual calificación del gobierno en Baa3, de negativa a estable», a la vista de un probable «recorte en los restantes 1.100 millones de dólares comprometidos por los otros países nórdicos y probablemente también de un aplazamiento del programa del FMI para Islandia».
Tal vez no muchos islandeses se percatan de que las agencias de calificación son, en la práctica, lobistas de sus clientes, el sector financiero. Uno pensaría que perdieron definitivamente su reputación de honradez –no digamos de competencia— cuando calificaron con una triple AAA las hipotecas basura que desencadenaron la actual catástrofe financiera global. La explicación es que lo hicieron todo por dinero. No son más honradas que Arthur Andersen, la desaparecida compañía auditora que aprobó, como se recordará, la contabilidad basura de Enron.
La idea que yo me he forjado de las agencias de calificación la debo en no pequeña medida a la historia que me contó Dennis Kucinich de cuando era alcalde de Cleveland, Ohio. Los bancos y algunos de los principales clientes de éstos habían puesto los ojos en la privatización de la empresa pública de electricidad. Los privatizadores querían comprarla a crédito (con unos intereses fiscalmente deducibles, que privaban al gobierno de recaudar los correspondientes ingresos fiscales) y aumentar drásticamente los precios para poder pagar exorbitantes remuneraciones a sus ejecutivos, ultrajantes honorarios de suscripción del crédito a los bancos y unas bonitas compensaciones a las agencias de calificación. Los bancos le pidieron al alcalde Kucinich que les vendiera el banco municipal, prometiendo ayudarle a ser gobernador si traicionaba a su electorado.
Kucinich dijo «No». Asi que los bancos recurrieron a sus perros de presa, las agencias de calificación. Amenazaron éstas con degradar la calificación de Cleveland para que no pudiera mantener el equilibrio en los empréstitos normales que tenía con los bancos. Llegaron a decirle: «Suéltenos su compañía energética o le arruinaremos las finanzas de la ciudad».
Kuzinich volvió a negarse. Y los bancos cumplieron sus amenazas, pero el alcalde había salvado a la ciudad de ver esquilmados sus ingresos con cargas de privatización predatoria. A su debido tiempo, los votantes llevaron a Kucinich al Congreso, y terminó siendo un canditado a la presidencia.
Volviendo al problema de las agencias de calificación crediticia, ¿cómo puede llegar a creer nadie que aceptar pagar una deuda de monto impagable mejorará la calificación crediticia de Islandia? Los inversores han aprendido a depender de su propio sentido común al perder centenares de miles de millones de dólares por causa de las temerarias estimaciones de las agencias de calificación. Las agencias de calificación han conseguido eludir la persecución penal alegando que en la letra pequeña de sus contratos se dice que no hacen sino dar una «opinión», no un análisis realista en el que pudieran fundarse honradas responsabilidades profesionales.
La experiencia argentina debería servir aquí de modelo, al ilustrar cómo la significativa depreciación de la deuda exterior puede contribuir a aumentar, no a disminuir, la credibilidad de una economía. Y en lo atinente a posibles pleitos judiciales, recuérdese que uno de los axiomas básicos del Derecho Internacional Público es que ningún país soberano puede ser obligado a cometer suicidio financiero con medidas de austeridad financiera que lo pongan al borde del abismo de la emigración forzosa de sus trabajadores y el retroceso demográfico. Las naciones son entidades soberanas.
Islandia y Portugal, otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos De modo que, tanto jurídica como moalmente, estaría mal que los ciudadanos islandeses tuvieran que emplear el resto de sus vidas en pagar unas deudas que, lejos de ser asunto suyo, deberían ser un asunto para dirimido entre la Oficina Británica del Fraude Financiero Grave y las agencias británicas de seguros bancarios. Lo que deciden los votos en el referédum islandés del 9 de abril es qué precio está dispuesta a pagar Islandia para entrar en la UE. En la práctica, y en la medida en que la Eurozona se enfrenta a una crisis generada por los deudores PIIGS, la cuestión es: ¿qué tipo de UE va a salir del actual conflicto entre acreedores y deudores? Hay miedo de que la Eurozona se desmembre en cualquier caso. Así que el actual gobierno socialdemócrata y verde islandés puede que esté buscando entrar como miembro de una realidad ilusoria, una realidad en proceso de desmembración, al menos si se mantiene en su actual extremismo neoliberal. Precisamente ayer (jueves, 7 de abril), un editorial del Financial Times comentaba esto que sigue a propósito de la prematura rendición de Portugal a las exigencias de la UE: "Otro país de la Eurozona tumbado por sus bancos. A comienzos de esta semana, los bancos portugueses amenazaban con una ralentización de la compra de bonos, a menos que el gobierno custodio buscara ayudas financieras en otros países de la Unión Europea (…) Lisboa debería haberse mantenido firme en su posición (…) debería haberse resistido a las exigencias de los bancos: buscar un crédito-puente inmediato. (…) Al hacerlo tan fácil y prontamente, el gobierno se arriesga a aliernarse por entero a unos mercados alarmados. Y eso podria perjudicar el resultado de negociaciones persuasorias a más largo plazo.
«El gobierno custodio carece de la autoridad moral y de la autoridad política para determinar de esta forma el futuro de Portugal. No debería abandonar los mercados con tanta precipitación. Porque lo que eso podría significar en los meses venideros son intereses más altos en las emisiones de deuda pública, más altos, en cualquier caso, de lo que podría haber sido el caso si el gobierno no hubiera metido la mano tan pronto… El momento adecuado para optar a un rescate externo debería haber sido al final de un debate nacional.»
Lo mismo debería valer para Islandia. Si observamos lo ocurrido durante el pasado año, diríase que la nación islandesa ha sido usada a modo de (cruel) experimento piscológico y político para ver cuánto está dispuesta a pagar una población, sin merecérselo, por lo que banqueros ventajistas han robado o se han prestado a sí mismos. El actual gobierno socialdemócrata y verde islandés parece haberse desacoplado de lo que es bueno para los votantes y para la supervivencia misma de la economía de Islandia. Por eso desafía el axioma básico de toda ciencia social y de toda teoría económica, y es a saber: que las naciones actúan en su mejor interés propio. También es el axioma de la democracia: los electores se percatan de sus intereses y votan en consecuencia para elegir a representantes que apliquen políticas conformes a esos intereses. Para el politólogo, esto es toda una anomalía. ¿Cómo explicar que un parlamento nacional actúe en interés de acreedores británicos y holandeses, antes que en interés de su propio país, acusado de tener deudas que los votantes de otros países se han sacado de encima derribando precisamente a gobiernos dispuestos a hacerlas suyas?
Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire."
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