El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia –que hace poco había exigido la dimisión de la Ministra de Asuntos Exteriores, Consuelo Araujo- estará presente mañana en la concentración contra la impunidad y el paramilitarismo ante la Embajada colombiana de Madrid. También está previsto una reunión en el Congreso de los Diputados.

ONGs y grupos de solidaridad conmemoran con una gira por Europa y unas marchas en el norte de Colombia los 10 años del mayor desplazamiento en la historia reciente de Colombia, la llamada “Operación Génesis”.

Mañana, 21 de febrero, se convoca una concentración en frente de la Embajada colombiana en Madrid. La protesta se dirige contra la impunidad reinante en Colombia, la responsabilidad del Gobierno de Álvaro Uribe Velez por el paramilitarismo y en solidaridad con las víctimas del Terrorismo de Estado y de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en este país andino. El acto está convocado por una treintena de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Acompaz, Mujeres por la Paz y la Red Capicua que acompaña solidariamente a comunidades desplazadas y al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.[1] Además habrá protestas en otras 20 ciudades del mundo.

Acción de protesta del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ante el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia

El escándalo de la llamada “parapolítica” da cuenta de los vínculos de congresistas, funcionarios de la Administración Pública y de la Justicia, gobiernos regionales y municipales, e incluso de rectores de universidades con los grupos paramilitares. Ello pone al descubierto que más allá de una estructura armada, los paramilitares se han transformado en una estrategia dirigida a acumular poder político y económico que hoy ejercen con dominio en múltiples planos de la vida social, lo que devela la farsa del llamado proceso de “negociación y desmovilización” con estos grupos de extrema derecha. Asimismo la Comisión Colombiana de Juristas en su reciente informe de la primera legislatura de Uribe, indica que 11.300 personas fueron asesinadas o desaparecidas fuera de combate y se comprueba el aumento de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas Militares [2]

Las ordenes de captura dictadas por la Corte Suprema de Justicia contra parlamentarios y senadores uribistas así como la solicitud a la Fiscalía General de que se investigue al padre de la recién dimitida canciller Consuelo Araujo, hermana de Álvaro Araujo, uno de los parlamentarios detenidos y sobre quien pesa medida de aseguramiento, exige que el Gobierno de Uribe asuma la responsabilidad política. Además requiere que el Gobierno español y la Unión Europea retiren de inmediato su apoyo incondicional al Gobierno colombiano y a la “Ley de Justicia y Paz”, que fue aprobada con el voto favorable de parlamentarios que hoy se encuentran detenidos y otros que participaron en la estrategia paramilitar del Estado. La investigación sobre la relación de parlamentarios con los grupos paramilitares hace que dicho marco jurídico del proceso de “desmovilización” además de no cumplir con los mínimos internacionales de los derechos de las víctimas, sea declarado ilegal e ilegítimo.[3]

Las víctimas del terrorismo de Estado vuelven a sufrir el ocultamiento y el despojo de sus derechos, y como queda evidenciado, no se les ofrece ni las mínimas garantías a su integridad personal en el proceso de visibilización, organización y exigencia de sus derechos. Las amenazas que ha recibido Yesid Ramírez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, así como las amenazas contra organizaciones sociales, de derechos humanos, grupos políticos de oposición, entre los que se encuentran varias organizaciones que pertenecen al Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, son clara muestra de que los grupos paramilitares y sus estructuras militares se encuentran intactas. Otra víctima del accionar paramilitar es la representante de 700 campesinos desplazados en Montería, Yolanda Izquierdo. Ella fue asesinada el pasado 31 de enero por asistir como testigo a las audiencias rendidas por el jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, ante la Fiscalía. También mataron al presidente del Comité de Desplazados de Córdoba, Freddy Abel. La Oficina de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco en el departamento de Bolívar fue violentamente incendiado. A ello se suman el asesinato de la dirigente sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agrario (Sintrainagro), Carmen Cecilia Santana, el pasado 7 de febrero por varios disparos en Apartadó al norte del país. Y también, la reciente desaparición de la representante de la Organización Femenina Popular de la ciudad petrolera de Barrancabermeja, Katherine González Torres.

Para denunciar lo que está sucediendo en su país y para reclamar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes de lesa humanidad Yahaira Salazar y Enrique Chimonja, de la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, respectivamente, están en una gira por Europa [4]. Mañana serán recibidos por el Congreso de los Diputados. Ambos representan al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado que es una coalición contra la impunidad nacido en 2005 como un llamado a la unidad de las personas y grupos perseguidos por el Estado colombiano y fruto de un extenso acumulado histórico de luchas de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, y con antecedentes en el trabajo realizado del Proyecto “Nunca Más Crímenes de Lesa Humanidad” para salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1966 y 1998.[5]

Su gira se realiza en paralelo a otra protesta en Colombia. Allí, más de 200 personas se encuentran en la región del Bajo Atrato (norte de Colombia) rastreando desde el 15 hasta el 24 de febrero los caminos transitados por el paramilitarismo y la Fuerza Armada hace 10 años cuando la Fuerza Aérea colombiana junto a soldados de la XVII Brigada y unidades paramilitares desarrollaron la “Operación Génesis” que generó el mayor desplazamiento forzado de que se tenga noticia en la historia reciente de Colombia. Miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes del Bajo Atrato chocoano fueron obligados a abandonar sus tierras, verificándose durante y después del desplazamiento, un gran número de homicidios y desapariciones de habitantes de estos territorios.

Mapa de la región donde fue llevado a cabo la «Operación Génesis» del Ejército colombiano y donde se están realizando marchas por la memoria.

Organizaciones ecuménicas, ecologistas, sociales y defensores de derechos humanos han viajado hasta esta zona con el fin de “no olvidar” los más de 300 crímenes de lesa humanidad cometidos allí. Este ejercicio de memoria cuenta con la presencia de delegaciones de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, El Salvador, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, España, Guatemala y de diferentes departamentos de Colombia. Se hablará con testigos sobre los asesinatos selectivos, masacres, torturas y desplazamientos forzados cometidos por la XVII Brigada del Ejército y a través de la estrategia paramilitar y se visitará fosas comunes. En medio del persistente conflicto armado los acompañantes internacionales serán testigos de primera mano de las iniciativas que las comunidades desplazados -y retornados a sus tierras- desarrollan “en defensa de la vida y la protección de la biodiversidad” del Chocó Biogeográfico, una de las zonas más biodiversas del mundo.

ORDEN DE BATALLA DE LA OPERACION GENESIS DE LA BRIGADA 17 DEL EJERCITO de febrero de 1997.

Durante 9 días compartirán con las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinos que están siendo amenazadas por paramilitares y que han sido despojadas de sus tierras legítimas. Ante el objetivo del Gobierno colombiano (en complicidad con los grupos paramilitares y diversas empresas privadas) de convertir el Chocó –así como otras zonas de Colombia- en zonas productoras de aceite de palma y ante las denuncias de las comunidades afectadas por el monocultivo, la Defensoría del Pueblo comprobó irregularidades con base en diversas actividades de verificación, acompañamiento e investigación.[6]

Entre las plantaciones de palma se encuentran fosas de desparecidos y los escombros de poblados arrasados por la maquinaria de las empresas palmeras. Las delegaciones inspeccionarán también una futura explotación de minas a cielo abierto que allí se pretende instalar. Explotación que se realizará en un entorno de creciente militarización sin el consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sobre el río Cacarica se constatarán las pruebas de los bombardeos ocurridos entre el 24 y el 26 de febrero de 1997 y que la Fiscalía General de la Nación en 10 años se ha negado a investigar. Por esta razón las víctimas han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde reposa un expediente por el crimen contra Marino López, decapitado por sus victimarios, y el desplazamiento forzado de más de 2000 personas.

Marino López Mena - asesinado el 27 de febrero de 1997.

En el Cacarica los acompañantes internacionales observarán la coincidencia entre los megaproyectos agro-industriales de la empresa Multifruits (socio de la multinacional Del Monte) y la deforestación ilegal que realizó la empresa Pizano S.A. años atrás, en uno de los santuarios del paramilitarismo en la región. Por último se recorrerá los trayectos en los que se pretende construir la carretera panamericana. Obra que parece estar aprobada para su construcción en los próximos años, que causará una gran destrucción ambiental y viola igualmente el Convenio 169 de la OIT.

Notas:

[1] La Red Capicua integran: Colectivo Sur Cacarica de Valencia, Colectivo Guadauca de Extremadura, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, Comité Oscar Romero de Madrid, Entrepueblos, Ecologistas en Acción, SODEPAZ-Balamil de Valladolid.

[2] Informe “Colombia 2002-2006: Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”. www.coljuristas.org

[3] Según el foro «Balance del proceso de desmovilización y reinserción de las AUC» celebrado en Bogotá en 2006, se habían constituido después del proceso de “desmovilización” 43 nuevos grupos paramilitares.

[4] La gira incluye actos y reuniones en Madrid, Barcelona, Valladolid, Paris, Marsella, Bilbao, Asturias y Burgos.

[5] Después de una década de investigación, “Nunca Más” ha documentado un subregistro de cerca de 41.400 casos de torturas, “desapariciones” forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En mayo de 2004, en medio del avance del proceso entre los grupos paramilitares y el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por iniciativa de un grupo de organizaciones sociales, sindicales, políticas, regionales y de derechos humanos, más de 300 sobrevivientes de genocidio, víctimas y familiares de desaparecidos, asesinados, torturados, desplazados, exiliados y detenidos arbitrariamente, se reunieron en la ciudad de Bogotá en el Primer Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos.

[6] Defensoría del Pueblo de Colombia (2006): Informe de seguimiento a la resolución Defensorial No. 39 del 2 de junio de 2005 sobre la Violación de Derechos Humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó”.

Pintura de los niños habitantes de las comunidades que fueron desplazadas en 1997.