Resumen informativo de la Mesa redonda ¿Por qué se necesitan leyes para regular los créditos FAD y los seguros CESCE?

Jueves 18 de octubre de 2007

El 17 de octubre tuvo lugar en Madrid la Mesa Redonda ¿Por qué se necesitan Leyes para regular el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación?

Participaron David Llistar (Observatorio de la Deuda en la Globalización), que habló sobre la Anticooperación: la otra cara de la Deuda Externa; los diputados Joan Herrera (IU-ICV), Carles Campuzano (CiU) y Laia Canigueral (ERC); y Berta Iglesias, militante de la Campaña ¿Quién debe a quién?

Los diputados estuvieron de acuerdo con la necesidad de elaborar una ley que regule los Fondos de Ayuda al Desarrollo y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, los dos principales mecanismos de generación de deuda en el Estado Español. Para ellos, igual que para la sociedad civil, esta es una de las asignaturas pendientes de la legislatura del PSOE, que ha sido muy incoherente en las políticas relativas a la deuda y a la cooperación al desarrollo. Igualmente pareció lamentable la ausencia injustificada de la representante de esta fuerza política en la mesa.

La Campaña ¿Quién debe a quién? manifestó que es urgente y de justicia una ley sobre FAD porque la Ayuda Oficial al Desarrollo debe ser un mecanismo para estructurar la restitución de lo que los países enriquecidos han expoliado a lo largo de la historia a los pueblos empobrecidos. También debe ser el medio para facilitar la reparación de los daños ambientales causados por las empresas del Norte y por el consumismo desmedido de estas sociedades. Teniendo esto en cuenta, es imposible aceptar que el principal mecanismo de AOD sea un instrumento de crédito, por muy blando que este fuera.

Además, es manifiesto el fracaso de los créditos FAD como promoción del desarrollo de los pueblos:

- Si bien es cierto que el primer año después de su concesión aumenta la liquidez del país receptor, a partir del segundo y especialmente entre el tercer y quinto año aumenta enormemente su deuda externa, con lo que ello conlleva. Las políticas sociales y ambientales sufren irremediablemente recortes presupuestarios por el dinero destinado al pago de dicha deuda.

- Al ser los FAD ayuda ligada a la compra de productos y servicios españoles, se encarecen las compras una media de un 25%, según ha denunciado en numerosas ocasiones la ONU. Al mismo tiempo, la presencia de empresas españolas que juegan con claras ventajas en los mercados de los países receptores ahoga a las iniciativas locales, que serían las portadoras de verdadero desarrollo.

- También a causa de ser una ayuda ligada, acaban por regirse más por los intereses de las empresas españolas que por las necesidades reales de los receptores. No en vano, en muchísimos casos son las propias empresas las que solicitan los créditos.

La Campaña ¿Quién debe a quién? denuncia que los FAD son un instrumento de internacionalización de nuestra economía. Así se recoge en el artículo 7 de la ley de 1976 en la que se funda este mecanismo. Más recientemente, en el Plan de Fomento Empresarial del Ministerio de Economía y Hacienda de 2006, también se mencionan los FAD como mecanismo de apoyo a las empresas españolas, especialmente a las consultoras y a las de ingeniería.

Igualmente se denuncia que estos créditos sirven como moneda de canje político. Así lo demuestran hechos como que el mayor crédito concedido fuera el otorgado a Turquía en enero de 2003, para un proyecto de trenes, justo en el momento en que se estaban dirimiendo los apoyos geoestratégicos a la invasión de Irak. En la actualidad, los Fondos se utilizan como apoyo a las políticas migratorias y de repatriación con los países del Sahel (véase, por ejemplo, el caso de Senegal).

Por último, la Campaña señala que es imprescindible legislar los FAD porque son un conglomerado muy heterogéneo, que engloban además de los créditos antes mencionados, las aportaciones españolas a las Instituciones Financieras Internacionales, como el Banco Mundial (tan duramente criticado desde las organizaciones del Sur), aportaciones a Organismos Multilaterales (ONU, Fondo de la lucha contra el SIDA…), Fondos para la evaluación de viabilidad de Proyectos, etc.

En cuanto a la reforma (o abolición) de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, la Campaña denuncia ante todo la falta de transparencia. En las más de mil operaciones que han generado deuda externa para países empobrecidos a causa de las indemnizaciones a los asegurados de CESCE es muy difícil rastrear los daños ambientales, las responsabilidades sociales, etc. De hecho, para disgusto de la sociedad civil, en el punto 2 de la Orden de 22 de enero de 2003, relativa a CESCE, se vuelve a priorizar la confidencialidad sobre las operaciones, en lugar de apostar por la transparencia y la responsabilidad de las empresas españolas en el exterior. Ha sido continuamente denunciado que este tipo de entidades crediticias suelen asegurar empresas altamente contaminantes y dañinas para las poblaciones empobrecidas.

La Campaña ¿Quién debe a quién? se pregunta si es ética y políticamente aceptable que se hagan públicas las pérdidas de operaciones que, en caso de haber resultado exitosas, hubieran conllevado ganancias únicamente privadas.

Como conclusiones de la mesa se puede señalar la unanimidad en reclamar cuanto antes un debate profundo y serio en las instituciones políticas y en la sociedad civil, sobre estos mecanismos de opresión.